PONENCIA DEL DR. RENE COULOMB (FORO CIUDADAN0)

FORO

"HACIA UNA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL."


Club de Periodistas, Centro Histórico de la ciudad de México
8 de septiembre de 2007






DE ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA CONSTRUIR CIUDADANÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Dr. René Coulomb




Agradeciendo la invitación de la Red de Enlace Vecinal Ciudadana, expondré a continuación 4 reflexiones generales y 8 propuestas de estrategias para avanzar - ciudadanos y ciudadanas, legisladores y gobierno juntos - en la construcción de ciudadanía en la ciudad de México.





EL DIFÍCIL PROCESO DE CIUDADANIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD
En el Distrito Federal se manifiesta el deterioro de un régimen político que estuvo sustentado durante décadas sobre una visión autoritaria, patrimonialista y clientelar, que inhibió y limitó las formas de representación y participación democrática. La apatía política, la atomización social, el repliegue sobre las redes familiares de solidaridad e intercambio y, en consecuencia, la delegación de las principales decisiones en las cúpulas políticas partidistas fueron durante mucho tiempo, y siguen siendo en la actualidad, la expresión clara del divorcio profundo entre el gobierno y los “ciudadanos”, es decir, de la falta de legitimidad del ejercicio de gobierno.
Hasta fechas recientes, no existían forma de intermediación entre la población y el aparato de gobierno, o entre los ciudadanos y sus representantes, si no era a través del clientelismo político o de la adhesión a los órganos corporativos impulsados y controlados desde el aparato del partido en el gobierno. El régimen de partido de Estado evitaba que la ciudadanía interviniera directamente en las decisiones que afectaban el desarrollo de su ciudad, de sus Delegaciones, de sus pueblos, colonias y barrios. Ante la demanda ciudadana por una mayor democratización, se crearon instancias de representación vecinal cuyas atribuciones han sido muy limitadas y los procedimientos para su “elección” viciados, en buena medida por la falta de participación de los habitantes de la ciudad en los asuntos colectivos.
La ausencia de constitución de una ciudadanía autónoma, con derechos y obligaciones, frente al gobierno permitió la creciente autonomización de la clase política y la privatización de lo público cuyas consecuencias más notorias han sido la creciente impunidad, la falta de moral y responsabilidad pública y, en fin, la llamada “crisis del Estado de Derecho”.
Por otra parte, no existe un proceso de planeación real del desarrollo que haga explícito ante la ciudadanía los objetivos de gobierno y las estrategias para su obtención. Esta falta de proyecto consensuado propicia la toma de decisiones discrecionales y coyunturales, como parte de un esquema sectorizado y descoordinado que no cuenta con los mecanismos adecuados para el control por parte de la representación social. En este caso, la participación ciudadana ha sido restringida a la llamada “consulta pública”, con fuertes deficiencias en cuanto a: información limitada, plazos demasiado cortos para el análisis y elaboración de propuestas, indefinición de la representatividad de los participantes y falta de transparencia en la (no) integración de las propuestas recogidas.
El centralismo sigue siendo un rasgo dominante del gobierno del D.F. Las Delegaciones no tienen suficientes atribuciones y recursos, lo que impide el contacto directo de los ciudadanos con las esferas en donde se toman las decisiones que los afectan. Que la mayoría de las marchas de protestas se dirijan invariablemente hacia el “Zocalo” de la ciudad, sede del gobierno central del D.F., es una señal que expresa la ausencia de poder local real, y su multiplicación, un claro síntoma de la crisis de gobernabilidad en la que se encuentra hoy en día la ciudad.
En este contexto, muy rápidamente descrito y que tendría que ser matizado, la participación ciudadana y la participación social aparecen como un instrumentos estratégicos tanto para el avance democrático como para la construcción de la gobernabilidad. Por una parte, la construcción de la democracia – es decir, el gobierno del pueblo – no puede darse sin la creación de instituciones a través de las cuales dicho “gobierno del pueblo“ pueda hacerse efectivo. La primera, todavía en construcción en nuestra ciudad, es la democracia representativa que se expresa a través de la elección de representantes de la ciudadanía para integrar los órganos del poder ejecutivo y legislativo, y también la llamada representación vecinal. Un error histórico ha sido el de llamar “participación ciudadana” a este ejercicio de elección de representantes vecinales.
Sin embargo, el “gobierno del pueblo” no puede alcanzarse en plenitud sin la otra cara de la democracia, que es la democracia participativa, a veces llamada también “democracia directa”, concepto equivocado cuando se aplica – como suele suceder – a las figuras del Referéndum, el Plebiscito o la Iniciativa Popular.
Vinculada con al proyecto de construcción de la democracia surge más recientemente la cuestión de la gobernabilidad, la cual no puede construirse solamente a partir de la representación de los partidos políticos, así sean democráticos, sino que la democracia representativa necesita del apoyo y respaldo de la democracia participativa.
En el centro del proyecto de gobernabilidad democrática, es decir, de democratización del gobierno de la ciudad, se encuentra la cuestión de las relaciones entre el gobierno, los partidos políticos y los diferentes actores sociales, también llamados “sociedad civil”. La gobernabilidad democrática implica entonces la revisión y reconstrucción de estas relaciones, el deslinde de derechos y obligaciones de ciudadanos y gobierno, y la elaboración de propuestas instrumentales en torno a la participación ciudadana y social. Entre otra herramienta, está la Ley de Participación Ciudadana que este Foro se propone discutir.

LA CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PASA POR EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Muchas voces insisten, desde hace bastante tiempo, en la necesidad de ampliar significativamente los espacios de participación directa y autónoma de los ciudadanos y sus organizaciones en la toma de decisiones, y de sustentar la elevación del nivel de vida de la población sobre la transformación de las actuales relaciones corporativas y clientelares.
Son básicamente tres los reclamos: a) la eliminación del clientelismo y del corporativismo, en cuanto que formas hegemónicas de las relaciones partidos-ciudadanos y gobierno-ciudadanos, b) la democratización en todos los ámbitos de la gestión política y económica, de la administración, la planeación, la cultura y la vida cotidiana y c) la creación de múltiples formas y espacios de participación ciudadana.
Lo que está en juego hoy en día en los conflictos que se generan en torno a la gestión urbana es, antes que todo, la falta de instrumentos legitimadores de las decisiones que se toman sobre la ciudad.
Para que la gobernabilidad democrática se traduzca en conducción eficaz de la política, debe estar sustentada en la democracia, la participación ciudadana, la transparencia y honradez irrestricta de la administración, la creación de espacios amplios de diálogo con los diferentes sectores y la distribución equitativa de los costos y beneficios del crecimiento económico. El impulso a la participación y organización social son garantía para que el gobierno sea capaz de responder con eficacia a los problemas mediante el diálogo, y para que comparta con la sociedad la responsabilidad de gobernar a través de la creación de espacios de concertación y co-gestión que busquen objetivos comunes, garanticen el cumplimiento de los acuerdos y el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, sociales y políticos de los habitantes del Distrito Federal.

La estrategia que debería de implementarse es la reconstrucción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil pues “la transición a la democracia” en la ciudad requiere de una ampliación significativa de los espacios de participación directa y autónoma de los ciudadanos y sus organizaciones en la toma de decisiones. Para ello, es necesario trascender el planteamiento meramente general e identificar las áreas de la administración pública en las que pueden incorporarse canales efectivos de participación, dando poder real a la ciudadanía para intervenir en las decisiones desde sus espacios de vida y convivencia cotidiana, el barrio, la colonia o la unidad habitacional.
Esta participación en la toma de decisiones debería permitir construir una nueva relación del gobierno con la sociedad, en particular a nivel local. Implica fomentar la organización social desde el territorio y apoyar a la población en la defensa y rescate de sus tradiciones, manifestaciones culturales y modos de vida. Proporcionando la información necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y tomar efectivamente decisiones, generando estructuras horizontales que les permitan definir sus prioridades, discutir los procedimientos, aportar su iniciativa y creatividad, fiscalizar las políticas y las obras, así como denunciar la corrupción. Estos nuevos espacios de participación en las decisiones deben garantizar la presencia y participación de los niños y de los jóvenes.
Por otra parte, frente a una ciudad profundamente desigual y segregada y que vive, a veces violentamente, la confrontación de intereses opuestos, es necesario promover espacios de dialogo y conciliación entre las partes. Los conflictos surgidos de la oposición de sectores de la población frente a los megaproyectos o a importantes obras de infraestructura deberán ser negociados a través de amplias consultas. Ahí están los mecanismo desaprovechados o manipulados del referéndum y del plebiscito.

LA POLÍTICA SOCIAL DEBE SUSTENTARSE SOBRE ESPACIOS DE CO-GESTIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y ORGANISMOS CIVILES

Si bien la gobernabilidad es impensable sin democracia, ésta no puede concebirse sin justicia social y sin equidad. Una ciudad donde millones viven en condiciones de pobreza y creciente deterioro es gobernable sólo en forma autoritaria, y ninguna transición democrática puede mantenerse sobre el frágil sustento de la miseria, por lo que es absolutamente indispensable priorizar a la política social y generar los mecanismos que permitan una mayor equidad.
Las políticas públicas relacionadas con el desarrollo social pueden convertirse en un espacio privilegiado de participación social, sobre todo de quienes hasta ahora han sido excluidos de los beneficios económicos y de las decisiones políticas, o que sólo han sido utilizados para intereses ajenos a los suyos a través de mecanismos corporativos y clientelares. Una estrategia de desarrollo social debe entonces desatar y potenciar la energía ciudadana y concebir a los beneficiarios de los programas sociales como sujetos con plenos derechos, a los que les corresponde jugar un rol específico para la consecución de metas y objetivos que se traduzcan en una mejoría real de sus niveles de vida.
La participación organizada de los beneficiarios a través del impulso a formas comunitarias, cooperativas, asociativas y autogestionarias para la dotación y gestión de infraestructuras y servicios sociales pueden ser la garantía de la administración transparente y eficaz de los recursos y de que los fondos sociales destinados al combate a la pobreza, se canalicen efectivamente a quienes más los necesitan. Para concretar esta estrategia de participación social debería ser obligación del gobierno de la ciudad apoyar las iniciativas de los habitantes para organizarse en torno a los problemas de vivienda, alimentación, educación y servicios sociales, dándoles un reconocimiento y un estatuto jurídico e institucional que les de seguridad en sus acciones de colaboración y cooperación.

LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA REQUIERE DE UNA REFORMA DE LAS ESTRUCTURAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

La ampliación reciente de la democracia representativa en el Distrito Federal no agota el reclamo democrático de los habitantes del Distrito Federal. Los partidos políticos tienen la tarea no sólo de consolidar las nuevas instituciones de la democracia representativa y sus instrumentos electorales, sino de ofrecer a la ciudadanía nuevos espacios de democracia participativa, autónomos aunque complementarios de las contiendas partidistas.
Pero es también cierto que las organizaciones sociales, tanto sectoriales como territoriales (vecinales), tienen que reconocer que ciertos ámbitos de decisión sobre la ciudad son atribuciones de sus representantes (legislativos) y de sus autoridades (electas), y que estas decisiones son legitimas aunque afecten a veces sus intereses particulares.
¿Cómo lograr que esta autonomía y respeto mutuo entre democracia representativa y democracia participativa, lejos de debilitar a ambas, las fortalezca y les devuelva mayor credibilidad y legitimidad ? ¿Cuáles son los ámbitos de decisión que son deseables y factibles de entregar a la participación vecinal ? ¿y cuáles son los ámbitos de la gestión que deben reservarse para otros niveles de decisión, como por ejemplo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal?
Estas preguntas parecen remitir a una reforma de fondo en la estructuras del gobierno de la ciudad, con una reglamentación que redefina tanto las atribuciones de los distintos niveles de gobierno, central y local (Delegacional), como de los distintos espacios y niveles de participación ciudadana en las tomas de decisión sobre la ciudad. Ello implica una redefinición de las relaciones entre el gobierno de la ciudad (en sus distintos niveles) y las organizaciones de los habitantes. Es decir, es necesario pactar las nuevas formas de relación entre gobierno, partidos políticos y organizaciones sociales.
Es difícil pensar que se pueda proponer y concretar nuevas formas de relación entre gobierno y sociedad, sin antes haber convocado a las fuerzas políticas y sociales a un amplio debate en torno a la necesidad de superar las viejas relaciones clientelares y corporatistas, así como de encontrar nuevos consensos sobre las formas alternativas de gobernabilidad. Esta convocatoria podría provenir conjuntamente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de un muy amplio conjunto de representantes de las organizaciones sociales, sectoriales y territoriales (vecinales), de las ONGs, las universidades, etc.
De este suerte de Convención Constituyente para la Gobernabilidad Democrática en el Distrito Federal” debería surgir un pacto entre gobierno, partidos políticos y organizaciones civiles en torno a las principales reglas que normarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones respectivas, las formas de interlocución y colaboración entre el gobierno, los partidos políticos y las organizaciones sociales, en los procesos de gestión gubernamental. Este pacto político y social para la gobernabilidad, a parte de alimentar la Reforma Política del Distrito Federal, y mañana su constitución como Estado libre y soberano, sería el marco de actuación para la elaboración de una nueva Ley de Participación Ciudadana y Vecinal para el Distrito Federal.
OCHO ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL

1.- La descentralización: herramienta para la democratización y la participación ciudadana

La descentralización entendida como una redistribución del poder y los recursos puede convertirse en un mecanismo facilitador de la participación social en la medida que garantiza la aplicación de las políticas en los niveles más cercanos a la problemática misma de la población. En ese sentido, es muy importante entenderla como una efectiva transferencia de responsabilidades y de recursos, y no como una mera desconcentración administrativa.
Se concibe, por una parte, a la descentralización como una forma de democratización del gobierno de la ciudad, de redistribución efectiva del poder, que transfiere atribuciones y recursos a niveles de gobierno los más cercanos posibles a los ciudadanos. Pero la descentralización debe a su vez plantearse como objetivo la participación ciudadana (democracia representativa) y la participación social (democracia participativa). Deberá por lo tanto permitir la creación de nuevos espacios que favorezcan realmente la participación en las decisiones y a la acción corresponsable, por parte de un conjunto cada vez más amplios de actores y de intereses, no sólo del sector privado sino de las organizaciones sociales y las no gubernamentales que las apoyan.
Plantear claramente la participación dentro del esfuerzo descentralizador obliga a constituir unidades administrativas descentralizadas cuyas dimensiones territoriales permitan efectivamente la cercanía y la colaboración entre el gobierno y la población. La creación de nuevas delegaciones, la renovación de funciones de las subdelegaciones existentes, así como el incremento sustancial de su número, parecen en este sentido una tarea que los poderes legislativos deberían enfrentar cuanto antes.
2.- Institucionalización de espacios diferenciados de participación ciudadana y social
De las contradicciones que superar entre el barrio y la ciudad, así como entre lo territorial y lo sectorial parece surgir la necesidad de definir distintas atribuciones para distintos niveles de participación ciudadana y, en particular, de diferenciar los espacios de la democracia participativa de los de la democracia representativa.
Deberán negociarse y crearse los espacios que permitan a los ciudadanos intervenir, al nivel adecuado, en la discusión y determinación de las prioridades y asignación presupuestales, de las políticas e instrumentos, en la conducción de programas y proyectos, en su seguimiento y evaluación.
El Referéndum y los distintos niveles de consulta ciudadana deberán servir para enfrentar la corrupción y la impunidad así como las presiones que los poderosos intereses económicos y políticos ejercen sobre todo gobierno democrático. Por otra parte, la institucionalización de la Iniciativa Popular deberá precisar cuáles son los campos y problemáticas sobre las cuales los ciudadanos podrán someter propuestas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Por otra parte, además de los distintos Consejos Consultivos dentro de los distintos niveles de gobierno de la ciudad, convendría analizar la necesidad de que el control ciudadano se ejerza también sobre los representantes populares, ciudadanizando de alguna forma las distintas comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ello podría permitir avanzar hacia la “pacificación” de las contiendas políticas en la ciudad, fortaleciendo la función de autoridad del poder legislativo y elevando el nivel de legitimidad de los partidos políticos
Sin embargo, el mayor desafío consiste en idear nuevos espacios de participación que se sitúen a nivel del barrio, de la colonia, del pueblo o de la unidad habitacional. La democracia participativa florece fundamentalmente a nivel local, de las relaciones entre vecinos, de las necesidades cotidianas. Es ahí en donde florecen las iniciativas, las innovaciones organizativas y de gestión, y en donde la democracia participativa puede concretarse en proyectos y acciones.
En apoyo a esta estrategia, está la propuesta de crear y multiplicar casas vecinales ciudadanas en la ciudad, concebidas como espacios físicos concretos de intercambio de información y proyectos, de capacitación para la planeación participativa, la gestión comunitaria y la contraloría ciudadana,
3.- Respeto y fomento de la organización social
La reconstrucción del tejido social, solidario y asociativo implica el respecto a la autonomía e identidad y a las distintas formas organizativas de los ciudadanos. En particular, se tendrá que reconocer como interlocutor válido a toda organización legalmente constituida y se respetará la pluralidad de organización, cuando exista, a nivel de intereses sectoriales (comerciantes, solicitantes de vivienda, etc.) o territoriales (colonia, barrio, unidad habitacional).
El medio más eficaz para fomentar la organización social consiste, por parte del gobierno, en dar prioridad en su acción programática a las iniciativas y proyectos surgidos de la sociedad organizada democráticamente, multiplicando con recursos públicos sus ahorros y otros tipos de aportaciones en recursos humanos, organizativos y de gestión.
4.- Territorialización y democratización en el ejercicio del gasto público
Un instrumento estratégico para el fortalecimiento de la contraloría social debería ser la territorialización del presupuesto y del gasto público. Un instrumento estratégico para ello es la generalización de la práctica del presupuesto participativo que se exprese en obras y proyectos que las organizaciones de vecinos puedan asumir como suyas, mediante la discusión de su diseño, la supervisión de su desarrollo y en su operación: equipamientos barriales, programas de estímulo a la micro empresa, programas habitacionales, de alimentación y salud, etc.
La implementación del Presupuesto Participativo deberá ser claramente diferenciada, cuidando de no generar falsas expectativas en cuanto a los rubros presupuestales implicados en la consulta, a nivel del barrio / colonia y de cada Delegación. El porcentaje del presupuesto global de la Ciudad, asignado al ejercicio de la presupuestación participativa, no debería ser inferior al 3%, buscando incrementarse paulatinamente a proporciones mayores.
5.- Planeación participativa
La planeación debe entenderse como un proceso permanente que transparenta la toma de decisiones en base a información confiable y de acceso público, y posibilita la participación y seguimiento de las acciones de gobierno por parte de la población así como un control responsable a cargo de la Asamblea Legislativa.
Para ello, es necesario que la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal establezca con claridad: a) las instancias de participación ciudadana, sectorialmente a nivel de organizaciones civiles, sindicatos, profesionales, etc., territorialmente a nivel de barrios y delegaciones, b) las atribuciones que les corresponden - en cada caso - en la integración, operación, seguimiento y evaluación de los programas y acciones y c) el sistema de información y sus formas de consulta.
6.- Apoyo gubernamental a las iniciativas y proyectos de las organizaciones de los habitantes de la ciudad
La estrategia consiste ya no tanto en concertar la colaboración de los ciudadanos en los proyectos y programas gubernamentales, sino más bien en negociar la implementación conjunta de las iniciativas surgidas de los ciudadanos y sus organizaciones. Las actitudes de apatía o de escepticismo frente a la convocataria de participación deben ser respondidas por acciones concretas del nuevo gobierno que demuestren su capacidad democrática de convocar, articular, apoyar y canalizar las diferentes iniciativas, propuestas y actividades creativas de los ciudadanos (Ortiz, 1997).
El éxito de estas iniciativas ciudadanas apoyadas por el gobierno, y no sólo de los proyectos diseñados desde la administración, así como su amplia difusión y reconocimiento, pueden constituirse en una demostración pedagógica de que la acción corresponsable entre gobierno y sociedad civil puede darse en el marco del respeto mutuo de la autonomía de ambos. La política social constituye el espacio estratégico, aunque no único, para la implementación de esta estrategia.
Las ONGs deberán reconocerse como colaboradores tanto del gobierno democrático como de las organizaciones sociales en la tarea de diseño, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos. Deberá asimismo responder a su reclamo de participar en la definición de las políticas públicas a través de la institucionalización de espacios de concertación como pueden ser los Consejos Consultivos (punto 10).
7.- Capacitar para la participación
La participación social implica una amplia capacitación tanto de los actores sociales como de las autoridades locales. Las ONGs, ciertas asociaciones gremiales y algunos sectores universitarios que se han especializados en campos como la vivienda, la alimentación, la salud, la promoción de grupos de mujeres o niños, etc. pueden ser un auxiliar decisivo en esta tarea, a partir de sus experiencias de promoción de grupos sociales organizados en torno a una necesidad básica o a la defensa de intereses.
8.- Información gubernamental, rendición de cuentas y contraloría social
Es deseable que en la revisión que se haga de las instancias de representación ciudadana se den cauces institucionales a la función de Contraloría Ciudadana, la cual no debería concebirse como una instancia burocratizada, sino como el ofrecimiento de espacios y mecanismos diferenciados a través de los cuales los ciudadanos que así lo deseen puedan cuidar el uso de los recursos que están destinados a satisfacer sus necesidades. Es necesario que esta Contraloría cuente con información sobre los planes y programas que desarrolla la delegación, que supervise la ejecución de obras, que constate lo comprometido en los contratos, en base a la oportuna y reglamentada rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.
Un espacio estratégico para el ejercicio y fortalecimiento de la Contraloría social concierne el problema más sentido de la población: la delicuencia y la corrupción policiaca. Las experiencias exitosas de otras ciudades parecen indicar que la posibilidad de enfrentar con éxito estos problemas pasa en una amplia medida por la organización zonal y barrial de la ciudadanía. El esfuerzo en este sentido consiste en otorgar a la sociedad civil organizada territorialmente la posibilidad de controlar (de prevenir, las más de las veces) a la delicuencia y a la acción policiaca sobre la delincuencia.

EN CONCLUSIÓN
Las estrategias de descentralización, fomento de la organizaciones civiles, territorialización del gasto y de la presupuestación participativa, planeación participativa y apoyo a los proyectos por autogestión comunitaria, no deben hacer olvidar que la ciudad, y muchos de sus territorios, se caracteriza por una fuerte desigualdad y por la presencia de intereses encontrados. Un gobierno democrático se enfrenta al desafío de luchar en contra de los procesos de segregación y exclusión, pero también de recrear los espacios de la convivencia republicana y del consenso negociado. Es finalmente sobre su voluntad y capacidad de construir una gobernabilidad incluyente, “de todos y para todos”, que el nuevo gobierno será sancionado por los ciudadanos electores.
La falta de legitimidad, en casi todos los ámbitos, de las decisiones que los gobiernos autoritarios han tomado en relación a la ciudad de México se encuentra en el haber favorecido, sin consenso, a algunos sectores en detrimento de los intereses de los demás, por la general mayoritarios. Un gobierno democrático debe poder ofrecer a todos y cada uno de los sectores socio-económicos y grupos de intereses los espacios institucionales de interlocución y participación en las decisiones que los afectan.

ESTAMOS PROCESANDO LAS PONENCIAS Y PROPUESTAS DEL FORO CIUDADANO

RED DE ENLACE VECINAL CIUDADANA

ESTARÁ INFORMANDO A TRAVÉS DE ESTE BLOG,
LOS RESULTADOS DE LAS PONENCIAS Y PROPUESTAS
QUE SE RECIBIERON EN EL FORO CIUDADANO:

"HACIA UNA INICIATIVA PARA UNA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
PARA LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL",

QUE EN BREVE, SE IRA CONFORMANDO CON TODAS LAS PROPUESTAS CIUDADANAS:
HECHAS EN LO COLECTIVO CON LA COOPARTICIPACIÓN DE TOD@S
LOS PARTICIPANTES AL FORO.

AQUELLOS QUE DESEEN SUMARSE,
(SIN EXCEPCIÓNES).
PODRÁN ENVIAR SUS PROPUESTAS, PONENCIAS Y OBSERVACIONES QUE SE QUEDARON EN EL TINTERO, A:
redenlacevecinal@gmail.com